El día de hoy escuché una de las anécdotas más fantásticas de mi vida. Sin embargo, a mi pesar debo reconocer la gran probabilidad que tiene de ser verdad, pues las autoridades judiciales de esta Ciudad son menos que poco fiables.
Raquel, de 38 años, es dentista en la delegación Iztapalapa, y desde hace cuatro años maneja un taxi en sus ratos libres para tener un ingreso extra, aunque, a decir de ella, afortunadamente no trabaja doble turno por necesidad, pues le va bien en la consulta y su marido también tiene un empleo.
Mientras me llevaba a mi destino y platicábamos sobre el rumbo político y social del país para los próximos seis años –que se define mañana–, me explicó que había intentado dejar el auto a un chofer que solo le pagara la cuota para no tener que manejarlo ella, pero se lo regresaron golpeado y maltratado.
Así pues, prefiere manejar el taxi cuando tiene tiempo, aunque eso signifique arriesgarse de más, por el simple hecho de ser mujer. Como cuando una patrulla la hizo detenerse, hace poco más de un mes, durante un operativo de rutina.
Los oficiales le pidieron el tarjetón y, después de un rápido vistazo, le dijeron que era falso. Como ella se rehusó a darles “mordida”, la llevaron al Ministerio Público. De acuerdo con Raquel, todos sus papeles están en regla. Además, los oficiales pueden verificar la legalidad de los papeles mediante un sistema que permite escanear el código de barras de las placas del automóvil o realizando una llamada a la Setravi.
“Me dijeron que habían llamado a la Setravi pero no habían obtenido respuesta”, me contó. “Después, me llevaron al Ministerio Público, donde me trataron como a un criminal; no me permitieron mostrarles el resto de los papeles, no me dieron derecho a réplica y se limitaron a decir que ellos realizarían la investigación correspondiente”. Y mientras hacían esto, la pusieron tras las rejas. Así como va.
Su familia contrató los servicios de un abogado defensor… pero Raquel duda mucho del licenciado que atendió su caso. El abogado dijo a su esposo y a su madre que en el Ministerio Público exigían un pago de $30,000 para liberarla, o de lo contrario debía pasar hasta ocho años en la cárcel por falsificación de documentos. Los familiares consiguieron el dinero y Raquel fue liberada.
Lo interesante del asunto es que, después de las negociaciones y el tiempo invertido en el asunto, el abogado no quiso cobrar un solo peso a la familia…
Salvo que sea un alma de la caridad, es obvio que el abogado en cuestión fue parte del secuestro más cínico y surrealista que puede existir: un par de policías que intimidan a una conductora, la llevan al Ministerio Público y la encierran, ofreciendo su liberación a cambio de una buena suma que el propio defensor solicitó a la familia.
Se podría pensar también que el abogado pidió la cantidad mencionada a la familia, en la que ya incluía los gastos por corromper a los funcionarios públicos y unos generosos honorarios.
Las dos opciones son desalentadoras. ¿Cómo pretenden los gobernantes que el pueblo no se manifieste exigiendo mayor seguridad cuando ya no solo debe cuidarse de los delincuentes comunes, sino también de las autoridades judiciales y de quienes procuran la Ley?
De cara a un nuevo sexenio, del que depende el ambiente social y el desarrollo económico de mi país, me pregunto, como muchos otros mexicanos, por qué seguimos pensando que la cura vendrá como inyección de penicilina al escoger al candidato mesiánico, aquél que cambiará todo el régimen y de la nada hará que en México no haya delincuencia, ni inseguridad, ni pobreza, ni ignorancia, toda vez que el crecimiento económico será notorio. Claro, todo lo anterior, sin que la gente tenga que cambiar sus hábitos y costumbres.
Un gran sueño… o mejor dicho, sueños de grandeza que los tres candidatos al poder ofrecen a un pueblo ávido de chupar el atole del dedo que se les ofrece.
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